Nos impresiona la realidad de esas personas provenientes del Sur económico, que se encuentran con el rechazo, muchas veces violento, en los controles de fronteras establecidos por los estados y que les lleva a intentarlo una y otra vez de forma más peligrosa o sometidos a las brutales condiciones de las mafias.

El reconocimiento de los derechos humanos implica que toda persona tiene derecho a “unas condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias” (artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), debiera ser sin tener que abandonar por necesidad su tierra, su familia, su cultura, su idioma, sus señas de identidad… Pero, como la dura realidad es otra, se plantea la necesidad de salir a otro lugar, generándose serios problemas tanto para las personas y familias que llegan como para la sociedad de acogida.

Siempre ha habido migraciones. No es un fenómeno nuevo, pero en la era de la globalización, donde se han derribado tantas barreras para facilitar los flujos de información, capitales, comercio o competiciones deportivas, no se ha hecho lo mismo con la circulación de las personas. Las leyes de los Estados siguen levantando vallas y poniendo fuertes dificultades para evitar la entrada de personas que huyen de guerras, conflictos étnicos, hambre u otras situaciones de pobreza extrema.