El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no obliga a sus países miembros a entregar visados humanitarios a las personas que desean entrar en su territorio con la intención de pedir asilo, e incluso a riesgo de sufrir torturas o amenazas en sus países de origen. El hecho de que sea una decisión de cada Estado sobre la base de su Derecho nacional ha provocado la negación de muchos países a otorgarlos. La lenta reubicación y reasentamiento de las personas refugiadas se ve perjudicada por la falta de un reglamento de asilo comunitario.