El Gobierno vasco no ve más posibilidades. O se divorcian de sus maridos, en prisión desde el pasado mayo, acusados de cobrar fraudulentamente 375.000 euros del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, o no van a recibir ni un euro en ayudas sociales. El problema es que las seis mujeres que han denunciado esta situación son de Pakistán, y allí el divorcio significa marginación, malos tratos y en ocasiones hasta la muerte. Es decir, o renuncian a volver algún día a su país, o renuncian a comer en Euskadi. Así lo ha denunciado la presidenta de la asociación Mujeres Libres por la Igualdad de Derechos, Kalsoom Safi, quien revela que una trabajadora social del Ayuntamiento de Vitoria le confirmó que si estas mujeres desean recibir la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda, suspendidas desde el arresto de sus maridos, deberán divorciarse de ellos, algo que tacha de “terrorífico” porque el divorcio en Pakistán es “peor que la muerte”.