La gestión de la inmigración irregular plantea enormes desafíos en todas las sociedades democráticas, pero la lucha contra el tráfico de personas no justifica transigir con una exclusión social que vulnera los derechos humanos y acaba provocando más daños de los que pretende evitar. Eso es lo que durante demasiado tiempo ha ocurrido con el tratamiento de los menores migrantes no acompañados que han llegado a España y que, ante la imposibilidad de una repatriación a sus países de origen, han acabado bajo la tutela del Estado. Tras muchos titubeos y un considerable retraso, la reforma del reglamento de la ley de extranjería permitirá finalmente facilitar la concesión de los permisos de residencia y trabajo cuando los menores migrantes cumplan los 18 años y puedan valerse por sí mismos.