El pasado jueves el Congreso de los Diputados restauró el derecho a la sanidad universal a través de un decreto ley que responde a las demandas que partidos y colectivos sociales llevan realizando desde el año 2012, cuando el  PP estableció una serie de recortes que, entre otras cosas, dejaba sin cobertura sanitaria a los inmigrante irregulares. La nueva normativa permitirá a los 'sin papeles' tener su tarjeta sanitaria, lo que les garantiza asistencia en cualquier parte del Estado. En Euskadi serán unas 15.000 las personas que se beneficiarán de este derecho.

Si bien esta norma supone un cambio importante, sus efectos en la práctica no serán radicales, ya que son muchas las comunidades autónomas que desde hace años aplican su propia ordenanza para que las personas que residen en ellas irregularmente tengan asistencia sanitaria, entre ellas Euskadi.