España se marca este año un objetivo ambicioso en la lucha contra la migración irregular. El Gobierno pretende reducir a la mitad el número de llegadas, que alcanzó un récord de 64.298 personas en 2018. Para ello, el Ejecutivo ha esbozado un plan que contempla evitar el patrullaje activo de Salvamento Marítimo en las costas mediterráneas, impedir que zarpen los barcos de ONG dedicados al rescate y presionar a Italia para que abra los puertos a los buques cercanos a su territorio.